Por: Giancarlo Anselmo y Carla Toche Casalino.

el presente documento, trabajado durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, es, originalmente, un solo documento. Sin embargo, para una mejor recepción por parte de los lectores, hemos decidido cortarla en dos para que su lectura no sea tan tediosa.

Uno de los deberes que tiene el Estado peruano hacia la sociedad es el de garantizar el acceso a intérpretes oficiales para aquellos ciudadanos que lo puedan requerir frente a una institución estatal[1]. Esto cobra un notable interés y preocupación en un país donde la diversidad cultural y lingüística representa un gran reto por la cantidad de comunidades campesinas y amazónicas que manejan diferentes códigos lingüísticos.[2] Por otro lado, a pesar de las grandes diferencias lingüísticas y la evidente necesidad de intérpretes oficiales para generar mayor y mejor comunicación entre los órganos estatales y los ciudadanos, el tema de formación de intérpretes aun no ha logrado tener éxito por la cantidad de retos que se presentan. Frente a un panorama donde, aparentemente, no hay solvencia económica, donde se exige una alta demanda en el área de educación y donde hay una clara irregularidad en la formación educativa de los pobladores pertenecientes a los grupos campesinos y amazónicos, pareciera que la formación y uso de intérpretes fuese una meta difícil de alcanzar. Sin embargo, durante los últimos años, el panorama económico así como el de los órganos gubernamentales han ido mostrando ciertos avances para fomentar la descentralización educativa y  así poder lograr una educación regular, integral y multicultural.

Según las proyecciones del Bank of America Merrill Lynch Global Research[3], se estima que, desde el 2011, el Perú está creciendo en su PBI[4] con un 5,2 %, superando las estimaciones que se calcularon para Venezuela y Colombia, países considerados líderes en crecimiento macroeconómico en la zona de Latinoamérica y superando, además, a Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Por otro lado, se observó que la inflación[5] sudamericana está experimentando una leve reducción siendo el Perú, junto con Chile, uno de los países que tiene la tasa más baja. Así, sobre la base de estos datos, sí se puede afirmar que el Perú está creciendo macro económicamente con respecto a los años anteriores. Sin embargo, dicho crecimiento también sugiere que no hay una correcta distribución de bienes ya que, como suele señalar el economista y premio nobel Amartya Sen, el “crecimiento económico no siempre indica desarrollo”. Es por esta razón que, basándonos en el deber ser que nos indica la Constitución a través del capítulo II artículo 16[6] es que se debe estimar una mejor distribución de recursos de dichos bienes para una correcta inversión a la educación y formación de intérpretes oficiales.

Así, de acuerdo con la solvencia económica mostrada anteriormente, el Perú está en la capacidad de financiar proyectos de ley que fomenten la formación de intérpretes oficiales. De  hecho, existe la Ley Nº 29735 que intenta regular el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Donde también se indica en el capítulo IV artículo 16 que el Estado garantiza y promueve la enseñanza de las lenguas originarias en la educación primaria, secundaria y universitaria, siendo obligatoria en las zonas en que son predominantes. A partir de esto existen proyectos como el Proyecto Educativo Nacional al 2021 – 2021 (PEN) que consiste en la formulación y ejecución de políticas que buscan convertirlos en planes operativos y presupuestos para el sentido de la educación. Cuenta con objetivos estratégicos que se basan en una interlocución continua entre los miembros que forman parte de la educación formal  y con el resto de la comunidad: familias, empresarios, etc. Uno de sus objetivos busca fomentar la formación de ciudadanos informados y comprometidos con el desarrollo de su comunidad. Para que se realicen estos objetivos, se deben cumplir con algunas medidas como: la realización de censos y diagnósticos periódicos por parte de los gobiernos locales, que revelen la situación y necesidades de los habitantes y propicien su identificación con la localidad; así como también, la promoción de la participación de las organizaciones estudiantiles de la localidad en la evaluación de sus respectivos centros educativos y, en general, en la vida cívica.

[1] Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas (ONU 1994) art. 14, Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Organización Internacional del Trabajo (OIT). 1989, art. 12, Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA 1969) art 8, entre otros.

[2] Se ha estimado más de 10 familias lingüísticas, según Willem Adelaar

[3] Merill Lynch es uno de los líderes mundiales en proveer dirección de bienes, comercio de valores y finanzas de ventas corporativas e inversión en servicios bancarios.

[4] Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente, un año)

[5] es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda sostenido durante un período de tiempo determinad

[6] “Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto de la República”